Tortura y fotografías (5). EDITORIAL de GARA titulado
Una foto que retrata al Estado español
publicado el 16 de marzo de 2002.

Una foto que retrata al Estado español

Mientras en el Parlamento de Gasteiz el portavoz del PSE, Javier Rojo, y el del PP, Antonio Salazar, negaban la práctica de la tortura y afirmaban que sostener lo contrario supone, entre otras cosas, dar por hecho que los jueces delinquen porque ven las marcas de los malos tratos y no actúan en consecuencia, que los forenses son también cómplices y que los abogados de oficio no cumplen con su labor, en Donostia Unai Romano daba cuenta de los padecimientos sufridos durante su detención, de cómo el juez no le creyó y lo encerraron incomunicado y de que la forense le ayudó. Se podría creer a los portavoces de PP y PSE o al detenido. Podría ser un caso de esos en el que la palabra de unos se enfrenta a la de otro y siempre se podría aducir, una vez más, como ayer se escuchó en el Parlamento, que «los terroristas tienen la consigna de denunciar torturas para desacreditar a la Policía». Pero esta vez hay una fotografía. Una fotografía que muestra el estado de Unai Romano a los dos días de haber ingresado en prisión. Una fotografía espeluznante. Una fotografía que retrata a los agentes que torturan, a los jueces que miran a otra parte, a los políticos que cierran los ojos y a los medios de comunicación que acallan las denuncias. Una fotografía que retrata a un Estado que no es que consienta la tortura, sino que hace de ella una de sus armas en la lucha contra el independentismo vasco.

Podrá aducirse que los casos de Iratxe Sorzabal y Unai Romano son excepcionales. Y es cierto. Porque es excepcional contar con pruebas del trato que muchos detenidos sufren durante el periodo de incomunicación. Podrá decirse también que la apertura de diligencias judiciales en este caso demuestra que el Estado de Derecho funciona. No es cierto. Lo que el Estado hace es actuar en aquellos casos en los que no tiene otro remedio por haber quedado en evidencia. Y luego, si al final de un largo proceso en el que los responsables policiales lejos de colaborar pondrán todas las trabas que les sean posibles, acaba habiendo alguna condena, el Consejo de Ministros ya se encargará de los indultos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La fotografía de Unai Romano y su testimonio son una prueba de cargo contra quienes hacen de la tortura un instrumento político y un latigazo en la conciencia de quienes son incapaces de apoyar medidas concretas para dificultar su práctica. *